La gestión sostenible de los acuíferos se presenta como el gran reto al que se enfrenta Almería, una provincia semidesértica donde la agricultura es el pilar de su economía. Los cultivos agrícolas se abastecen en un 80% de estos acuíferos, según datos oficiales, y una buena parte de ellos agoniza en la actualidad debido a su sobreexplotación. “Hay agua para todos, pero no hay agua para todo”, admite un alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en declaraciones a este periódico.La situación por la que atraviesan los acuíferos en la provincia es de extrema gravedad. El Río Aguas (Sorbas), un manantial de incalculable valor natural único en Europa, podría secarse “en cuatro o cinco años”, según advierte el catedrático de Geodinámica de la Universidad de Almería José María Calaforra, y muchos de los pozos que abastecen a las comarcas de los Filabres-Tabernas y Los Vélez atraviesan también por una peligrosa situación de escasez.
Las grandes explotaciones de cultivos intensivos de regadío impulsadas en los últimos años por grandes empresas y multinacionales, como los olivares en el campo de Tabernas, o los gigantescos campos de lechugas en Los Vélez, han hecho que las masas de agua subterráneas languidezcan hasta extremos desconocidos en estas zonas de Almería, según advierten los alcaldes de Tabernas, Lucainena de las Torres o Vélez Blanco.
Salvo en la comarca de Los Vélez, y en Pulpí y Cuevas del Almanzora, que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la del Segura (cuya competencia es del Estado), en el resto de la provincia de Almería es la Junta de Andalucía la administración que tiene las competencias en materia de agua (Confederación Hidrográfica Mediterránea Andaluza). “En estas tres cuencas almerienses la aridez es natural y por tanto causa de un problema estructural y recurrente, que el cambio climático está contribuyendo a intensificar, convirtiéndola en extrema”, opinan fuentes de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Una gestión “al límite”
Esta “particularidad” de Almería, continúan las mismas fuentes en referencia a su aridez, “unido a la importancia de nuestro sector agrícola, da lugar a que nuestros recursos subterráneos se gestionen al límite, lo que desafortunadamente garantiza el agravamiento de los problemas en períodos críticos como el que vivimos”.
La Junta asegura que no elude sus obligaciones a la hora de hacer frente a la sobreexplotación de los acuíferos, pero cree que existe “una responsabilidad compartida” en relación a un “problema que la inmensa mayoría de los agentes económicos, políticos y sociales implicados conocen”. Medio Ambiente considera que es “inevitable un uso racional de nuestros recursos naturales, entre ellos, el agua”, y advierte que “cultivar la sequía no es el camino”.
Desde que en 2006 asumiera las competencias en materia hidrográfica (de la Cuenca mediterránea Andaluza), los servicios provinciales en materia de aguas de la Junta levantan “centenares de actas de información e inspección al año”, y en función de su análisis técnico-jurídico, “entre 150 y 200” culminan en un acta de denuncia y dan pie a un expediente sancionador “sobre una persona física o jurídica”, superando de media las 100 resoluciones de sanción al año, según los datos facilitados a este periódico por la Delegación de Medio Ambiente en Almería.
La Administración autonómica considera que “el mal estado” de las aguas subterráneas no es algo nuevo. “Viene desde la década de los años 80 del pasado siglo XX”, valoran. “La realidad actual es que hoy, con la mayor superficie de cultivos de la historia, en la Cuenca Mediterránea Andaluza la situación de las masas de aguas definida por el Plan Hidrológico 2016-2021, es mejor que la heredada con el traspaso de competencias”, valora.
Medio Ambiente recuerda que, en cualquier caso, su objetivo “no es sancionar”. Primero informan, y “cuando legalmente es posible”, animan a los ciudadanos implicados “a desarrollar procesos de regularización” en los territorios en los que es posible “sustituir las extracciones no viables por la obtención de recursos hídricos no convencionales”, como las aguas desaladas o regeneradas.
“Solo en último término procedemos a abrir un expediente sancionador con todas las garantías de pruebas y recursos que establece nuestro estado de derecho. En último término, las sanciones que en ningún caso tienen ánimo recaudatorio, imponen la regularización y legalización cuando es viable o establecen la obligación de clausura y cierre de las extracciones ilegales”, aclara la Junta.
Restaurar la legalidad
“Ante los pozos ilegales solo cabe una postura, la restauración de la legalidad”, advierten en Medio Ambiente. Para hacerles frente, cuenta con unos 150 profesionales “de diverso nivel y funciones” que trabaja conjuntamente con los funcionarios de la Policía autonómica y los agentes del Seprona de la Guardia Civil.
Las mismas fuentes de la Junta de Andalucía son especialmente críticas con algunas comunidades de regantes y otros “agentes económicos” implicados. “Conocen la gravedad del problema y, sin embargo, algunos siguen intentando defender un uso incondicional del agua, sin querer tomar conciencia de que con ello lo que hacen es cultivar la sequía, olvidando que tienen una extraordinaria responsabilidad compartida que no pueden obviar”, censura.
Crear Juntas Generales
La Administración autonómica considera “imprescindible” la creación de los entes de derecho público conocidos como Juntas Centrales, “que agrupen a todos los usuarios de cada masa de agua”. Así asumirán “de forma proporcional las cargas y deberes implícitos en la puesta en marcha de estos mecanismos” que, en la práctica, pasarían por reducir las extracciones de agua subterráneas y serían sustituídas “por medidas de ahorro y por recursos no convencionales”.
Algunas de ellas están contempladas en la Plan Hidrológico, como la “plena utilización” de las plantas desaladoras de la provincia (Carboneras, Almería, balanegra y Cuevas del Almanzora”. Tanto para el abastecimiento humano, como para sustituir el agua subterránea como recurso en el regadío de los cultivos. El problema al agua desalada, según los regantes, pasa por “su elevado precio”.
El 80% del agua del regadío y del consumo humano procede de manantiales subterráneos
Comentarios
Publicar un comentario